La Asamblea Constituyente estatiza la economía

Buenos días

Me entero gracias a una noticia publicada por El Comercio el día miércoles 2 de junio, que la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado la estatización de los mal llamados sectores estratégicos. La iniciativa de la mayoría gobiernista es grave por cuanto significa un despido intempestivo a la inversión privada, con el añadido de que puede generar nuevas demandas contra el Estado en un futuro cercano, las que se añadirán a la larga lista de demandas que el país puede perder, merced a la claridad del abuso efectuado al vulnerar los contratos firmados por el Estado con empresas petroleras extranjeras.

La Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado que los medios de comunicación no podrán ser propiedad de accionistas de bancos, violando de esta manera el concepto de igualdad ante la ley y de que se presume la inocencia de toda persona, tomando en cuenta que esta ley es una penalización con dedicatoria. Algunos ciudadanos podrán administrar medios de comunicación excepto los banqueros, buenos y malos. Bajo una legislación adecuada, de existir un banquero que cometa un delito este debe primero ser demostrado y presumirse inocencia hasta entonces, pero incluso en el supuesto de que un banquero haya cometido delito una sentencia no debe despojar al imputado de sus bienes, sí exigir que restituya a los agravados incluso si debe vender sus acciones en medios de comunicación para hacerlo. Pero el texto aprobado desconoce estos principios básicos del derecho y violenta los principios señalados de igualdad legal y presunción de inocencia así como de pena proporcional al delito.

Pero la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es mucho más grave que lo expresado, porque estatiza y monopoliza los sectores de la economía como energía, telecomunicaciones, minería, recursos naturales no renovables, transporte, refinación petrolera, el espectro electromagnético y el agua. El texto permite la participación privada sólo en empresas mixtas con el Estado como su mayor accionista, mas el actual esquema de altos impuestos, regulaciones y tramitología, sistema laboral rígido, propiedad privada condicionada y trabas legales de toda clase, hará que invertir en el país sea en extremo riesgoso y poco rentable. Los empresarios nacionales y extranjeros se abstendran de invertir en estas áreas. Incluso las empresas estatales de otros países, que usualmente alimentan sus presupuestos con impuestos, tendrán cuidado de invertir en el país o lo harán a un alto precio, muy superior al del mercado en condiciones legales favorables.

Entre otras cosas el texto aprobado exige que el Estado sea accionista mayoritario de las empresas mixtas, esto implicará la adquisición forzada de las acciones de las empresas mixtas actuales en un porcentaje de al menos 51%, perjudicando a accionistas y a clientes de los servicios estatizados que ahora desmejorarán la calidad. El texto también centraliza y estatiza la gestión del agua en todas sus formas, burocratiza el acceso al agua por parte de las empresas e interviene en las juntas de agua las cuales ya no tendrán ninguna garantía como propietarios del recurso, pues habrán pasado a ser meros abonados del servicio y no propietarios con capacidad de gestión empresarial.

Las minas también pasan a ser estatales con el agravante del deterioro ambiental que esto supone. La experiencia señala que empresas mixtas y estatales son las que más agresiones hacen contra las comunidades y el ambiente, así no solo peligran las inversiones mineras -actualmente paralizadas- sino también la calidad de vida de las comunidades, porque siendo el Estado juez y parte de la gestión del agua, muy probablemente las demandas legales sobre daños a las fuentes de agua y cuencas hídricas por empresas mineras mixtas quedarán en nada, de idéntica manera como ahora sucede con los lodos de petróleo que Petroecuador mantiene al aire libre causando cáncer y enfermedades a los comuneros.

Lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente es altamente peligroso para la estabilidad económica del país, para la generación de empleo, la seguridad jurídica, la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida.